.. Caosmosis ..

Ell gobierno del alma. Capítulo once. El joven ciudadano*
Nikolas Rose

Lainfancia es el sector más intensamente gobernado de la existencia personal. De distintas maneras, en distintas épocas y por muchos caminos distintos que van desde un sector de la sociedad hasta el otro, la salud, el bienestar y la crianza de los niños ha sido asociada tanto en pensamiento como en práctica al destino de la Nación y a las responsabilidades del Estado. El niño moderno se ha convertido en el foco de innumerables proyectos que afirman protegerlo del daño físico, psíquico y moral para asegurarse su desarrollo “normal”, para promover activamente ciertas capacidades y atributos tales como la inteligencia, la educabilidad y la estabilidad emocional. Durante el siglo XIX y el nuestro las preocupaciones concernientes a los niños han ocasionado una inmensa cantidad de programas que han tratado de preservarlo y darle forma mediante el moldeamiento de los pequeños detalles de la vida domestica, conyugal y sexual de los padres.

A lo largo de este laberinto de caminos, el niño (como una idea y como objetivo) ha sido inextricablemente asociado a las aspiraciones de las autoridades. El medio ambiente de su crianza es regulado financieramente a través de beneficios y subsidios a la familia y pedagógicamente a través de programas educativos destinados a las personas que están a punto de ser padres. Las legislaciones y obligaciones son impuestas a los padres, requiriendo de ellos que lleven adelante tareas sociales que van desde registrar a sus hijos luego de su nacimiento hasta asegurarse que reciban la educación adecuada hasta llegar a su adolescencia. Las Visitadoras de Salud [Health visitors*] ejercen una supervisión en principio amplia y universal sobre el cuidado de los niños pequeños en sus hogares. La legislación que protege a los niños ha otorgado facultades y obligaciones a las autoridades locales exigiéndoles que evalúen los estándares de los cuidados que los padres les proveen a los niños a través de su trabajo social, y para intervenir dentro de la familia para rectificar sus defectos utilizando mecanismos legales donde fuera necesario. Para poder fallar en un juicio donde un niño esté acusado de asesinato ahora se requiere del escrutinio y de la evaluación de la vida familiar como una condición para que sea posible y legitimo ese fallo. Los médicos en su práctica general y en el hospital tienen una obligación profesional y legal de examinar detalladamente los niños que ven y que presentan cualquier signo de estar en “peligro” y notificar a las autoridades sus sospechas. La educación universal y obligatoria inserta la vida de todos los jóvenes ciudadanos en una máquina pedagógica que sirve no sólo para impartir conocimiento sino para inculcar conductas y para supervisar, evaluar y rectificar las patologías de la niñez.

De esta manera en el presente siglo la vida del niño fuera y dentro del hogar cobraba una nueva visibilidad, la vida “privada” de la familia había sido abierta a las autoridades sociales y se les habían asignado obligaciones sociales. Reflejando estos eventos, en 1949 T.H Marshall en sus Conferencias sobre Alfred Marshall en Cambridge dijo que lo que había ocurrido había sido un aumento en la extensión de la ciudadanía del niño. La ciudadanía denotaba una “especie de condición básica asociada de igual manera con el concepto de total pertenencia a la comunidad”. Desde el siglo XVIII los desarrollos en las técnicas y en las concepciones acerca de cómo gobernar mostraron un gradual progreso o evolución[1] . En lo que a los niños respecta, mientras no eran considerados ciudadanos en el sentido de tener derechos políticos para participar en el ejercicio de ese poder, estaban empezando a obtener derechos civiles tales como la libertad individual y el derecho a la justicia: derechos sociales. El sistema educativo y los servicios sociales extendieron a cada niño el derecho a un módico bienestar económico y de seguridad, para compartir la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo a los estándares que prevalecían para la mayoría de la sociedad. La educación universal para Marshall fue un paso decisivo para reestablecer los derechos sociales de los ciudadanos en el siglo XX y a la vez fue un intento para estimular el crecimiento de los mismos. La educación era un derecho personal para el niño independientemente del deseo de sus padres pero también reconocía e imponía un derecho social y colectivo: la tarea de cada individuo de mejorarse y civilizarse para el beneficio de la salud social de la comunidad. Otros sociólogos han desarrollado este argumento sugiriendo que la legislación protectora y otras formas de provisión social para los niños en el siglo XIX eran a su vez desarrollos de ciudadanía, reconociendo los derechos del niño como un ciudadano in potentia para la colectividad social[2].

Marshall y sus seguidores reconocieron que la ciudadanía imponía obligaciones y derechos tanto a la comunidad como a los individuos que ésta construía. Pero a pesar de ello, proveer a los niños del status de ciudadanos haciéndolos miembros plenos e iguales de una comunidad, era un progresivo y profundo reconocimiento de un principio de igualdad, principio finalmente en conflicto con los principios de desigualdad que se encuentran en el núcleo del sistema económico capitalista. Sin embargo, desde la década del 60´ la mayoría de los sociólogos analistas del bienestar estatal han interpretado estos desarrollos de una manera distinta[3]. Incluso los comentadores más sanguíneos ven este aparato de bienestar como ambiguo y contradictorio y consideran el bienestar como teniendo más que ver con la supresión del conflicto que con el reconocimiento de derechos. Por más de un siglo y medio se ha afirmado que los pobres y los oprimidos, abastecidos progresivamente por elementos de la burguesía, han realizado campañas de lucha para obtener la condición y el poder para reconocer sus obligaciones sociales (educación, cuidados médicos, asistencia social en tiempos de enfermedad, necesidad, etc). Sin embargo, las prácticas y las políticas llevadas a cabo eran las mínimas y necesarias para sobornar a los descontentos, lejos de estar inspiradas por un reconocimiento de las obligaciones sociales y colectivas su meta ha sido preservar la eficiencia de aquellos que proveen la fuerza de trabajo y el poderío militar. Brindaban antídotos contra el descontento social para estar a resguardo de las demandas por un verdadero equilibrio entre riqueza y status. Lejos de extender el sentido de ciudadanía en una manera benigna, las prácticas y políticas del bienestar han funcionado para mantener las inequidades, para legitimar las existentes relaciones de poder y para extender el control social sobre potenciales problemáticos sectores de la sociedad.

Además parecía que esta extensión de la regulación social hacia la vida de los niños en realidad poco tenía que ver con el reconocimiento de sus derechos[4]. Los niños llamaron la atención de las autoridades sociales como potenciales delincuentes que amenazarían la propiedad y la seguridad, como futuros trabajadores que requerirían ser moldeados en sus habilidades y su moral, como futuros soldados que necesitarían tener un buen estado físico (en otras palabras debido a la amenaza que constituían en el presente o en el futuro contra el bienestar del Estado). La humanidad, benevolencia y comprensión en la extensión de la protección y cuidado de los niños en sus hogares no eran más que aparentes y disfrazaban en realidad la vigilancia y el control sobre las familias. Los Reformistas argumentando a favor de tales cambios legislativos eran emprendedores morales buscando simbolizar sus valores en la ley y al hacerlo, extender sus poderes y autoridad sobre los otros. La gran y repentina preocupación acerca del joven (desde la delincuencia juvenil del siglo XIX al abuso sexual de estos días) eran en realidad pánicos morales: reiterados y predecibles sucesos sociales en los cuales algunas personas o fenómenos simbolizaban un rango de ansiedades sociales que representaban amenazas al orden establecido y a los valores tradicionales, al declive de la moral y de la disciplina social y la necesidad de tomar pasos seguros para prevenir una caída en espiral en el desorden. Grupos de profesionales (médicos, psicólogos y trabajadores sociales) usaban, manipulaban y exacerbaban dichos pánicos en orden de establecer e incrementar sus imperios. El aparente inexorable crecimiento de la vigilancia del bienestar sobre las familias de la clase trabajadora había surgido de una alineación entre las aspiraciones de los profesionales, las preocupaciones políticas de las autoridades y las ansiedades sociales de los sectores más poderosos de la sociedad.

Las feministas afirmaban que la regulación del niño debía ser enmarcada dentro de una historia más amplia en la cual “la familia” se había convertido en un mecanismo clave de control social y soporte ideológico para un capitalismo patriarcal que mantenía tanto a la mujer como a los niños en un estado de dependencia.[5] “La familia” era un mecanismo ideológico para reproducir una dócil fuerza laboral, para explotar el trabajo doméstico de la mujer bajo la figura del amor y la obligación y para mantener la autoridad patriarcal del hombre sobre el hogar. La noción de familia como un acuerdo voluntario (basado en el amor, impregnado con sentimientos positivos, naturalmente deseante de tener y cuidar a sus hijos, como un lugar de auto-realización para las madres y de mutuo cuidado y protección de los miembros familiares) era una ideología que disfrazaba las opresivas relaciones dentro de la esfera intima y la coerción social y económica hacia la mujer para que entre a la vida familiar y a la maternidad. La función de esta ideología familiar era enmascarar las realidades de la vida familiar y preservar la institución social que proveía las funciones económicas vitales para el capitalismo: la reproducción de la fuerza laboral, la socialización de los niños, la explotación del trabajado domestico no remunerado de la mujer, la compensación hacia el hombre por la naturaleza alienante de su trabajo, etc.

Las críticas radicales hacia las técnicas de regulaciones familiares se centraron en la noción de la familia como dominio “privado” entendiendo esto como el elemento central de la ideología que enmascara los roles sociales y económicos de la familia.[6] El lenguaje de lo privado disfrazaba y legitimaba la autoridad de los hombres en el hogar sobre las mujeres y los niños y oscurecía el alcance por el cual el Estado había delineado y controlado la esfera intima para fines públicos y políticos. La división entre lo público y lo privado es desde luego central en el pensamiento político liberal, demarca los límites entre los dominios en los que los poderes del Estado y la ley pueden ser llevados a cabo y dónde no tienen cabida. Dentro de estos términos la familia representa la esfera privada par excellence, de hecho lo es de manera doble no solo estando por fuera de las autoridades formales del Estado sino también por fuera del ámbito de las relaciones del mercado de consumo. La división entre público y privado se puede rastrear en filosofía y política social al menos desde la distinción de Aristóteles entre polis y oikos hasta las teorías de los derechos naturales de John Locke. Sin embargo, en el siglo XVIII y XIX la distinción era puesta en términos de la división entre el hogar y el mercado. La filosofía política liberal de J.S. Mill y sus seguidores le dieron el fundamento filosófico a la oposición entre la esfera de las normas públicas legítimas y la esfera de la libertad, la autonomía personal y las elecciones privadas. Los escritores señalan las particulares asociaciones en estos textos entre la esfera pública (el mundo del trabajo, el mercado, la individualidad, la competencia, las políticas y el Estado) y los hombres y la consecuente asociación de las mujeres al mundo privado, domestico, intimo, altruista y humanitario del hogar.

Los críticos sostenían que esta división público/privado y la concepción de lo privado de la que hace uso, ha funcionado siempre para sostener una serie de relaciones particulares y opresivas entre el hombre y la mujer. Sin embargo, los desarrollos dentro del capitalismo en el siglo XIX reformularon esta división publico / privado para hacerla encajar en los intereses de la elite propietaria masculina. Esto se ajustaba a la emergencia del culto a la intimidad del hogar con su respectiva idealización de la maternidad. Mientras que esto otorgaba ciertos poderes a las mujeres, sólo lo hacía en su status de madres confinadas a la esfera privada y por lo tanto fallaba fundamentalmente para competir con la patriarcal separación de las esferas o contra el poder económico que los hombres ejercían sobre la unidad familiar.

Análisis de las normas legales del matrimonio, divorcio, comportamiento sexual y violencia domestica eran desarrollados para mostrar que la ideología de la elección individual y la libertad personal en el dominio privado del hogar y la familia legitimaban un rechazo por parte de las autoridades publicas para intervenir en ciertos lugares, actividades, relaciones y sentimientos. Al designarlas como personales, privadas y subjetivas las hacían parecer como un hecho natural por fuera del alcance de la ley mientras que en realidad esta no-intervención era una inevitable, socialmente construida e históricamente variable decisión política. El Estado definía como “privados” aquellos aspectos de la vida en los cuales no intervendría y luego paradójicamente, usaba esta privacidad como la justificación para su no-intervención.

Como el laissez faire[7]en relación al mercado, la idea de que la familia podía ser privada en el sentido de estar por fuera de las regulaciones públicas era de acuerdo con estos críticos, un mito. El Estado no puede evitar intervenir en el moldeamiento de las relaciones familiares a través de sus decisiones acerca de qué tipos de relaciones sancionar y codificar y qué tipos de conflictos regular y cuales no. El Estado establece el marco legal para regular las relaciones sexuales legítimas y de procreación y privilegia ciertos tipos de relación a través de reglas de herencia. Más aún el Estado a través de las leyes publicas monta complejos mecanismos de bienestar, especialmente aquellos que rodean al adecuado desarrollo de los niños. A pesar de la fuerza de la ideología legal de la privacidad familiar, en las decisiones acerca de cuales son los mejores intereses para el bienestar del niño en casos que hacen referencia a su cuidado y custodia y en la división de los bienes de la familia u otros aspectos de posibles disputas familiares, los funcionarios legales actuarían de acuerdo a sus creencias ideológicas y patriarcales en lo que se refiere a la moralidad, responsabilidad y vida familiar y lo que es mejor para los niños. Por un lado el Estado representando los intereses masculinos dominantes elige la naturaleza y objetivos de las normas publicas, por otro lado, un dominio es constituido por fuera de las normas legales y designado “privado”, donde las agencias de bienestar refuerzan la ideología de la maternidad y donde el poder masculino no esta sujeto siquiera a las protecciones limitadas del orden de la ley.

Estos análisis son encomiables. Pero al designar la división público/privado como una ideología que disfraza la mano del Estado y tiene principalmente una función de control social en relación a las mujeres, fallan en registrar o tomar con firmeza dos asuntos claves. El primero concierne a la manera en la cual la privacidad de la familia fue un elemento vital en las tecnologías de gobierno que hicieron las democráticas reglas liberales posibles permitiendo una transformación fundamental en la esfera y responsabilidades del “Estado” y en la organización del poder. La segunda concierne a las maneras en las cuales estas nuevas racionalidades y tecnologías de gobierno no controlaban simplemente a los individuos a través de la familia sino que jugaban un rol constitutivo en la formación de los ciudadanos de tales democracias, actuando al nivel de la subjetividad misma.

La “familización” [familialization] era crucial para los medios por los cuales las capacidades individuales y las conductas podían ser socializadas, moldeadas, y maximizadas de tal manera que fuesen acordes con la moral y los principios políticos de la sociedad liberal. Los lenguajes de las estrategias regulatorias, los términos dentro de los cuales se pensaban a si mismos, la manera en la que formulaban sus problemas y soluciones no eran meramente ideológicas: ellas las hacían posibles y legítimas para gobernar las vidas de los ciudadanos de nuevas maneras. Al hacerlo hicieron existir nuevos sectores de la realidad, nuevos problemas y posibilidades para la inversión personal así como para las normas públicas. Si la “familización” de la sociedad funcionaba era porque establecía su legitimidad política y comandaba un nivel de compromiso subjetivo de los ciudadanos incitándolos a regular sus propias vidas de acuerdo con sus propios términos.

La emergencia de un dominio político institucionalmente distinto, el Estado soberano, implicaba la gradual concentración formal de los poderes políticos, jurídicos y administrativos que habían hasta el momento estado dispersos entre un rango de autoridades (gremios, jueces, propietarios de tierras y autoridades religiosas[8]). Esta concentración y la concomitante legitimación y delimitación de la autoridad política por las doctrinas del “imperio de la ley” implicaban la conceptualización de ciertos dominios que eran liberados de la amenaza de sanciones punitivas y detalladas regulaciones internas. Estos desarrollos coincidían con la principal transformación en las vidas de la población trabajadora asociada con el crecimiento del capitalismo urbano y en consecuencia con la descomposición de los extensos mecanismos por los cuales la iglesia, los poderes locales y la comunidad habían especificado, monitoreado y sancionado al detalle los aspectos de las conductas personales, conyugales, sexuales y domesticas. La familia privada iba a emerger como una solución a los problemas de regular a los individuos y a la población y producir solidaridades sociales que emergieron a causa de estas rupturas socio-políticas[9].

La familia privada no reactivaba la independencia de la autoridad patriarcal y lealtad política del hogar pre-liberal ni tampoco necesitaba la extensión del dominio y prerrogativas del Estado en los detalles de la existencia cotidiana. La domesticada familia privada era puesta de relieve por la vida política y era definida y privilegiada por la ley, iba a ser liberada de detalladas prescripciones de conductas y de ser permeable a la moralización y regulación desde el afuera. Iba a convertirse en la matriz para el gobierno de la economía social.

La reconstrucción de la familia de clase trabajadora en el siglo XIX no fue llevada a

cabo a través de actividades del Estado sino a través de una iniciativa que mantenía una cierta distancia con respecto a los órganos de poder político: la filantropía. La actividad filantrópica fue definitivamente movilizada por las amenazas impuestas a la clase dominante por las clases peligrosas, la combinación del crimen, la indigencia, la pauperización y el vicio que comenzaban a multiplicarse por las ciudades. Pero era una respuesta diferente a la represión o a la caridad porque buscaba un modo profiláctico de acción, esforzándose para promover ciertos tipos de conducta moral a través de la unión de brindar ayuda financiera, con ciertas condiciones acerca de la conducta futura de los receptores de la misma. En Inglaterra y en Francia los filántropos no buscaban “resguardar” las familias de las clases urbanas (porque era una creencia compartida por muchos que la vida familiar era casi desconocida en los asentamientos suburbanos y en el centro de las grandes ciudades) sino organizar las relaciones conyugales, domesticas y parentales del pobre a la manera de la familia domesticada. El apoyo era por lo tanto condicional para el matrimonio, el buen cuidado del hogar, la sobriedad y la supervisión moral de los niños y la búsqueda del trabajo asalariado.[10]

A lo largo del siglo XIX una multitud de pequeños y grandes proyectos eran llevados a cabo, cada uno usando la tecnología humana de la familia para fines sociales. Parecía que la familia podía jugar un rol vital en la eliminación de la ilegalidad, la reducción de la ebriedad y la restricción de la promiscuidad, imponiendo límites a la sensualidad desenfrenada de los adultos. Las mujeres de la burguesía buscaban reclutar a sus hermanas de la clase trabajadora como aliadas, sosteniendo que el matrimonio, la higiene doméstica y demás no solo eran morales por derecho propio sino que promovían los intereses de las mujeres incrementando sus poderes frente a los de los hombres. La relación legal del matrimonio era para promover inversiones tanto emocionales como económicas por parte del hombre como de la mujer hacia el hogar, catectizando la intimidad del hogar en lugar de la vida de la calle, las vulgaridades en público y el vicio. Tales campañas servían a una función vital, operando como postas a través de las cuales los imperativos de las normas sociales podían asociarse con los deseos y aspiraciones de los individuos por seguridad y progreso.

En tales campañas las autoridades públicas rara vez se involucraban en el centro de la escena a pesar de que brindaban un marco legal para la acción filantrópica y a veces sustentaban campañas a través de fondos e información. Un aliado mas significativo de la filantropía que operaba no tanto mediante la moralización sino a través de la normalización era la medicina. Los expertos en medicina e higiene comenzaron a elaborar una serie de doctrinas concernientes a las condiciones para el cuidado de los niños saludables y para imponer algunos asuntos de conductas morales (ebriedad, libertinaje, vicios, masturbación, locura) en términos médicos. No sólo iban en detrimento de la salud individual sino que surgían a partir de las debilidades causadas por los gobiernos defectuosos a la infancia y podrían ellos mismos ser traspasados de los padres a los niños en la forma de una constitución débil. Tal asunto era diseminado a través de la literatura y el contacto personal, principalmente en los hogares prósperos el mensaje era que la preservación del linaje dependía de la activa concentración de las madres en la crianza de su descendencia. A su turno, los higienistas y filántropos llevaron este mensaje a los hogares de los pobres para reforzar las demandas de moralidad con las normas de la medicina. De esta manera un conjunto de reglas para la vida familiar comenzaban a ser establecidas y generalizadas pero ni desde la autoridad política ni desde los deberes religiosos, las normas de la medicina aparentaban surgir directamente de la vida misma.

Filántropos e higienistas hicieron campaña para tener sus estrategias avaladas por la ley y sus expertos asociados a las actividades de las instituciones sociales tales como las cortes, hospitales, prisiones y escuelas. Para los comienzos del siglo XX era administrada y regulada por prácticas y agencias que no eran “privadas” (muchos de sus poderes eran construidos legalmente, frecuentemente recibían fondos públicos, y sus agentes eran frecuentemente acreditados públicamente a través de alguna forma de licenciamiento) pero tampoco eran ellos órganos del poder político central. Sus operaciones y objetivos no estaban especificados por decretos y programas de las fuerzas políticas sino que operaban bajo la égida de los principios morales y crecientemente, por los expertos profesionales respaldados por el poder de un derecho a la verdad. En Francia y en Inglaterra sin embargo el cambio de siglo encontró la asociación de estos proyectos moralizantes y normalizantes en el centro de los cálculos y políticas de las autoridades políticas. Lo que estaba involucrado aquí no era tanto un proyecto de expansión en el nombre de las clases dominantes, como si un intento por resolver algunos problemas sociales específicos. La transmisión del poder público era para extender hacia el gobierno las capacidades físicas, morales y mentales de sus ciudadanos. La autonomía de la familia pobre no iba a ser destruida sino remodelada a través del incremento y la modificación de la familia-máquina.

Una red de poderes legales, agencias sociales y practicas de juzgamiento y normalización comenzaron a expandirse alrededor de los niños difíciles y problemáticos[11]. Estos eran unidos a la maquina formal del gobierno en tres puntos principales. El aparato medico de la salud publica extendió su estudio a todos los niños desde el nacimiento, en sus hogares y en la escuela a través del registro de los nacimientos, centros de bienestar infantil, visitadores de salud, oficiales médicos para los colegios, educación en ciencias domésticas y escuelas para madres usando poderes legales y estatutos institucionales para proporcionar la plataforma para el desarrollo de las normas médico-higiénicas y los expertos buscando convertir a la escuela en una dependencia médica y al hogar en un lugar de profilaxis. Alrededor de la corte juvenil nuevos poderes de juzgamiento e inspección eran traídos para impactar en las familias de los niños difíciles y problemáticos utilizando el proceso legal como un tipo de conferencia de un caso o foro de diagnostico y desplegando trabajadores sociales y oficiales al servicio de la corte para examinar y reportar acerca de los hogares de sus casos y para emprender al menos una parte de las evaluaciones normativas y las reformas de los niños y sus familias. La orientación clínica del niño funcionaba como el centro de un movimiento programático para la higiene mental que unía a los poderes de las cortes sobre los niños que se habían comportado mal y a los padres que los habían descuidado con el examen universal y obligatorio de la conducta en la escuela y las ansiedades privadas de los miembros de la familia sobre el comportamiento de sus niños, y los llevaban hacia el interior de una poderosa red unida por las actividades y juicios de los médicos, psicólogos, oficiales de la corte y trabajadores sociales. Estas tecnologías de gobierno que Donzelot llama “complejo tutelar” permitieron que las dificultades planteadas por las familias de las clases trabajadores y sus niños sean trabajadas a través de cierto grado de fuerza, universalidad y certidumbre pero sin desmantelar los mecanismos de la familia. Las familias no iban a ser seducidas hacia la dependencia por tratamientos especialmente favorables ni tampoco forzadas a resistirse por medidas que fuesen francamente represivas. A través de la asistencia de los expertos en el servicio de salud, higiene y normalidad, la familia seria devuelta a sus obligaciones sociales sin comprometer su autonomía y responsabilidad para con sus propios miembros y destino.

Los expertos también resolvieron un nuevo problema en la unión entre mecanismo familiar y las metas del gobierno. Esto era para alcanzar una armonía entre la autoridad privada, el egoísmo y las aspiraciones de la familia autónoma y los mejores procedimientos para la socialización de sus miembros. Donzelot se refiere a las técnicas a lo largo de esta dimensión como “la regulación de las imágenes”. Las representaciones de la maternidad, paternidad, vida familiar y la conducta de los padres generadas por los expertos eran para infundir y dar forma a las inversiones personales de los individuos, las maneras en las que se formaban, regulaban y evaluaban sus vidas, sus acciones y sus metas. Por supuesto la construcción de los valores subjetivos e inversiones eran el anhelo de muchos de los proyectos de familización de los siglos XIX y XX. Era una racionalidad explicita de los moralizadores filántropos del siglo XIX y de los argumentos para la educación universal. La preocupación por la salud y el bienestar de los niños en el comienzo del siglo XX buscaba utilizar “la familia” y sus relaciones internas como un tipo de máquina social o socializante para cumplir variados objetivos (militares, industriales y morales) pero esto iba a ser llevado a cabo no por la fuerza coercitiva del control bajo amenaza de sanción sino a través de la producción de madres que querrían hogares higiénicos y niños sanos. La promoción de la higiene y el bienestar solo podría ser exitosa si se podía obtener el compromiso activo de los individuos en la promoción del cuidado de su propio cuerpo.

La familia podría servir a estos nuevos objetivos sociales sólo al punto de que podría operar como una máquina voluntaria y responsable para el cuidado y moralización de los niños en los cuales los adultos se comprometerían a la tarea de promover el bienestar físico y mental de su descendencia. Una vez que tal ética llegó a gobernar nuestra existencia, las imágenes de la normalidad generadas por los expertos podrían servir como medios por los cuales los individuos podrían normalizarse ellos mismos y evaluar sus propias vidas, sus conductas y la de sus niños. Los medios de la correcta socialización podían ser implantados en las familias preocupadas por la autopromoción de sus miembros sin la amenaza de coerción y sin intervención directa de las autoridades políticas en el hogar. Dichas familias llegaron a gobernar sus relaciones íntimas y a socializar a sus niños de acuerdo con las normas sociales pero a través de la activación de sus propias esperanzas y miedos. La conducta de los padres, la maternidad y el cuidado de los niños podían ser regulados a través de la autonomía familiar, a través de deseos y aspiraciones y a través de la activación de la culpa individual, ansiedad y decepción personal. Y el casi inevitable desfasaje entre lo esperado y lo realizado, fantasía y actualidad, alimenta la búsqueda por ayuda y guía en las difíciles tareas de producir normalidad, y potencia las constantes demandas familiares por asistencia de los expertos.

La intranquilidad contemporánea acerca de los poderes de los profesionales del bienestar en relación con la familia tiene un círculo de laissez faire anticuado. Pero al punto en los que ellos pueden ser reactivados a fines del siglo XX es un testamento del éxito de los proyectos de socialización en los últimos 100 años y de la incorporación de las doctrinas expertas para el gobierno de los niños hacia dentro de nuestro propio libre albedrío. La socialización en el sentido en que lo vemos acá no es la antropológica y universalmente amada por los sociólogos funcionalistas, es en cambio el resultado histórico específico de las tecnologías para el gobierno de la subjetividad de los ciudadanos.

Las nociones del niño normal y de su familia tienen un status ambiguo en estas tecnologías de la subjetividad. La normalidad aparece bajo tres apariencias: como aquella que es natural y en consecuencia saludable, como aquella en contra de la cual la actual es juzgada y encontrada no saludable y como aquella que será producida por racionalizados programas sociales. Los criterios de normalidad son usados simultáneamente para construir una imagen del niño natural, la madre y la familia; para brindar un juego de instrucciones mas o menos explicitas a todos los involucrados; para proveer los medios para saber cómo identificar la normalidad y conducirse ellos mismos de una manera normal y para proveer los medios para identificar la anormalidad y la racionalidad para la intervención cuando la realidad y la normalidad no coinciden.

A pesar de todo, nuestras concepciones de normalidad no son simples generalizaciones a partir de nuestra experiencia acumulada sobre los niños normales. Por el contrario, los criterios de normalidad son elaborados por expertos cuyas afirmaciones están fundamentadas por un conocimiento científico de la niñez y sus vicisitudes. Y este conocimiento de la normalidad no ha sido mayoritariamente resultado del estudio de niños normales. Por el contrario, rastreando la genealogía de la normalidad somos devueltos a los proyectos para el gobierno de los niños que sirvieron de plataforma para el despegue de los expertos. Es alrededor de los niños patológicos (los problemáticos, los recalcitrantes, los delincuentes) que las concepciones de normalidad han tomado forma. No es que un conocimiento del curso normal del desarrollo de un niño haya permitido a los expertos convertirse más idóneos para identificar aquellos niños desafortunados que son en alguna manera anormales. En cambio, las nociones expertas de normalidad son extrapoladas desde nuestra atención a aquellos niños que les preocupan a las cortes, a los maestros, a los doctores y a los padres. La normalidad no es una observación sino una valoración. No sólo contiene un juicio acerca de lo que es deseable sino un mandato como un fin a ser alcanzado. Al hacerlo, hoy en día la noción misma de lo “normal” le concede poder a la verdad científica y a la autoridad de los expertos.

Desde la segunda Guerra Mundial los psicólogos han provisto progresivamente de vocabulario con los cuales los problemas de los niños han sido descriptos por los expertos en diagnósticos y categorización de tales niños, así como también a los lenguajes dentro de los cuales las tareas de las madres y padres han sido delineadas y a los profesionales que manipulan la tecnología de la regulación de la niñez. La Psicología ha jugado un papel clave en el establecimiento de las normas de la niñez, en brindar los medios para la visualización de la patología y normalidad de la misma, en proporcionar vocabulario para hablar de la subjetividad de la niñez y sus problemas y en inventar tecnologías para la cura y normalización. A través de las conexiones establecidas entre las normas de la niñez y las imágenes de la vida familiar, la paternidad, la maternidad, la psique del niño y la subjetividad de la madre han sido abiertas para la regulación de una nueva manera. La voluntad de la madre se ha convertido en la que gobierna a su propio niño de acuerdo a las normas psicológicas y en compañía de los expertos psicólogos. El alma del joven ciudadano se ha convertido por medio de los expertos en el objeto de gobierno.

Traducción: Lisandro Capdevila

NOTAS

* Tomo el título de la parte III del libro de Donald Winnicott del mismo nombre (Hardmondsworth, Penguin, 1964).

* N del T: son enfermeras con formación en Atención Primaria de la Salud, expertas en los cuidados de la mujer que recién ha dado a luz. Son agentes que promueven la salud psíquica, física y el bienestar global de la sociedad brindado asesoramiento acerca de los cuidados que debe tener un recién nacido.

[1] T.H Marshall, “Citizenship and social class” en Sociology at the Crossroads, London: Heinemann, 1963. La frase citada es de la Pág. 72.

[2] B.S. Turner, Citizenship and Capitalism, London: Allen & Unwin, 1986, esp. Pp. 92-96. Cf G.M. Thomas and J.W. Meyer, “The expansion of the state”, Annual Review of Sociology 10 (1984): 461.82.

[3] ver, por ejemplo, I. Gough, Political Economy of the Welfare State, London: Macmillan, 1979.

[4] Para dos ejemplos ver A. Platt, The Child Savers, Chicago, Il: University of Chicago Press, 1969, N. Parton, The politics of Child Abuse, London: Macmillan, 1984. See also the overviews given in M. Freeman, The Rights and Wrongs in Children, London: Pinter, 1983, and R. Dingwall, J.M. Eekelaar, and T. Murray, “Childhood as a social problem: a survey of legal regulation”, Journal of Law and Society 11 (1984): 207-32.

[5] Esta imagen desde luego vuelve inútiles muchas distinciones conceptuales y políticas. Para ejemplos de esta literatura ver: A. Oakley, Sex, Gender and Society, London: Temple Smith, 1972; L. Comer, Weclocked Women, Leeds: Feminist Books, 1974; E. Zaretsky, Capitalism, The Family and Personal Life, London: Pluto Press, 1976; E. Wilson, Women and the Welfare State, London: Tavistock, 1977; J. Lewis, The Politics of Motherhood; Child and Maternal Welfare in England 1900-1939, London: Croom Helm, 1980, J. Lewis, “Anxieties about the family and the relationships between parents, children and the state in twentieth-century England”, in M. Richards and P Light, Children of Social Worlds, Cambridge: Polity Press, 1986.

[6] Estos párrafos dibujaron mi articulo “Beyond the public/private división: law, power and family”, Journal of Law and Society 14 (1987): 61-76. Para más de esta literatura ver M. Stacey, “The división of labour revisited”, in P. Abrams et al., (eds), Development and Diversity: British Sociology 1950-1980, London: British Sociological Association, 1981: M. Stacey and M. Price, Women, Power and Politics, London: Tavistock, 1981; E. Gamarnikow et al., (eds), The Public and The Private, London: Heinemann, 1983. Mucho del reciente debate hace referencia a M. Rosaldo “Women, Culture and Society, Stanford: Stanford University Pressm 1974. Ver también S. Aldener (ed.), Women and Space, London: Croom Helm, 1981, y J.B. Elshtain, Public Man and Private Woman, Brighton: Harvester, 1981. El argumento ha influenciado particularmente disputas sobre la regulación legal de las familias; ver F. Olsen, “The family and market: and study of ideology and legal reform”, Harvard Law Review 96 (1983): 1497; K. O´Donovan, Sexual Divisions in Law, 195; M. Freeman, “Towards a critical theory of family Law”,Current Legal Problems 38 (1985): 153; A. Bottomley, “Resolving family disputes: a critical view”, in M. Freeman (ed.), State, Law and the Family, London, Tavistock, 1984.

[7] Expresión en francés que significa “dejar hacer”. Hace referencia a la no injerencia de los estados en asuntos económicos. Hoy se lo utiliza como sinónimo de liberalismo económico o neoliberalismo. [N. del T.]

[8] Para una discusión útil ver J. Minson, Genealogies of Morals, London: Macmillan, 1985, Ch. 5.

[9] J. Donzelot, The policing of families, London: Hutchinson, 1979.

[10] Mas discusiones acerca de la filantropía en N. Rose The psychological complex, London: Routledge & Kegan Paul, 1985.

[11] Esto se discute en detalle para Inglaterra en mi Psychological Complex y para Francia en Donzelot, op. Cit.

________________
Original: Governing the soul. The shaping of the private self, London and N. York, Routledge, 1990. Part three: The Child, the Family, and the Outside World. Cap. 11: “The Young Citizen”, pp. 121-131.

Traducción: Lisandro Capdevila

Fuente: http://www.elseminario.com.ar/biblioteca.htm